Cuando alguien persigue poder y dinero usando artimañas y maniobras, casi siempre termina mal . Eso es lo que pasó con la señora Cinthia Vanessa Ramírez Santillana. Durante un tiempo se presentó como vocera de la radiodifusión local y regional; pero, en la práctica sembró división y discriminación, impulsando un supuesto gremio “elitista” denominado Confederación Nacional de Radio y Televisión, y con ello procuró la publicidad estatal para sus empresas y su reducido grupo de socios.
Pretendió socavar la institucionalidad de la radiodifusión local construida y sostenida por cientos de radiodifusores en asambleas nacionales y trabajo gremial real, plural y democrático, como es la Asociación Nacional de Radiodifusores (ANRTV), la Cámara Peruana de Radio y Televisión y las Asociaciones regionales de radio y televisión, quienes impulsaron y trabajaron duro por la Ley de Puiblicidad Estatal. Todo promovido por la Coordinadora de Medios Locales (Medios Perú). Hoy, su nombramiento ha salpicado negativamente a la radiodifusión local y regional. Ante eso no corresponde llamar ni mirar a otro lado. Cinthia Ramírez es una funcionaria pública y, como tal, debe estar bajo la mirada fiscalizadora de todos los peruanos. Sus antecedentes, difundidos y discutidos ampliamente en medios nacionales impresos, televisión y plataformas digitales, agravan el problema: no solo afecta su credibilidad personal, sino que comprometen la imagen de la radiodifusión local, sector que no puede permitirse que lo confundan con ambiciones desmedidas, favores políticos o escándalos personales que van desde acusación de robo hasta vínculos con la pornografía.
Cuando el Estado pone a alguien al mando del IRTP, no está eligiendo a una “dirigente” ni a una “operadora”: está poniendo a una persona a cuidar un bien público que debe ser neutral, profesional y creíble. Y ese estándar hoy es más exigente porque el propio diseño institucional del IRTP quedó más concentrado: se eliminó el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva, y la alta dirección se redujo, en la práctica, a una jefatura con más poder y menos contrapesos. En ese contexto, el nombramiento de Cinthia Vanessa Ramírez Santillana nace con ruido por donde se le mire. El Comercio ha informado que la nueva jefa del IRTP enfrenta dos procesos fiscales vinculados a lesiones ya una investigación por difusión de imágenes de contenido sexual (hechos que ella niega o explica como “malentendido”). Nadie está diciendo “culpable”: aquí rige la presunción de inocencia. Pero, seamos serios: si vas a conducir los medios del Estado, lo mínimo es no cargar con frentes penales abiertos que comprometan la legitimidad del cargo desde el día uno.
Expreso, por su lado, no apunta a lo penal, sino a lo gremial y lo político: sostiene que no se puede usar el rótulo de “medios locales” para intereses personales, cuestiona que se hayan otorgado reconocimientos a políticos “controvertidos” sin representación legítima del sector y menciona un “supuesto convenio” con José Jerí Oré que habría ayudado a su ascenso. Ese relato, más allá de si uno comparte cada frase, describe el mismo problema de fondo: el gremio regional termina como escalera, no como fin.Y aquí entra lo que más perjudica a la radiodifusión local y regional : la confusión —deliberada o no— entre representar a un sector diverso y hablar en nombre de todos con un círculo reducido. Distintos medios han recordado que Ramírez fue presidente de la Confederación Nacional de Radio y Televisión (CNRTV) entre febrero y noviembre de 2025, y La República señala que esa agrupación ha sido criticada por su cercanía al Gobierno. En castellano directo: cuando una sola vocería se vende como “la” radiodifusión regional, el resultado suele ser división interna, sospecha pública y un campo fértil para el manoseo político.
AQUI EL VIDEO DEL ESCANDALO : https://www.youtube.com/watch?v=lXAJWNDzWsQ
El tema del dinero público también aparece en la discusión. Varios Medios digitales (infobae, La Encerrona) reportan que la familia está asociada a un canal regional ( Vía TV, en San Martín) y mencionan montos por difusión de campañas estatales, en pleno debate sobre si los vínculos con medios privados y la contratación estatal deben transparentarse al milímetro cuando se dirige el IRTP. No hace falta inventar nada: con que existe la duda razonable, ya hay daño institucional.
Por eso, decir que “el nombramiento le salió mal” no es exageración: salió mal porque no empezó desde la solvencia, sino desde el cuestionamiento. Y cuando el jefe de los medios estatales es percibido como parte de una red de favores, ambiciones o “escaladas” personales —así sea solo percepción— el golpe lo recibe la radiodifusión regional entera, que termina pagando los platos rotos: se desprestigia el trabajo serio de cientos de radios y televisores locales que no viven de la política, sino del servicio diario a su gente. Lo responsable, en un país que quiere mirar al futuro sin destruir su institucionalidad, es simple: si el Gobierno insiste con esta designación, debe abrir la caja de vidrio completa (idoneidad, vínculos, intereses y criterios de selección) y someterla al escrutinio público real. Y si no puede sostenerla sin sombras —por procesos en curso y por conflictos de representación— lo correcto es dar un paso al costado antes de que el IRTP se convierta, otra vez, en botón y no en servicio.
