La visita a diversas instancias del Estado y la sociedad civil ha sido crucial para las organizaciones indígenas de Ucayali y Brasil, miembros de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya. Han realizado reuniones importantes con ministerios, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Congreso y embajadas, tratando temas urgentes como la protección de sus territorios y la conservación de la biodiversidad. Se enfocaron en las concesiones forestales superpuestas a sus territorios y ríos, y en la seguridad ante proyectos de infraestructura y amenazas de economías ilegales y crimen organizado.
Para las comunidades de Sawawo en Perú y Apiwtxa en Brasil, las fronteras no existen, pero comparten la preocupación por conservar su entorno natural. La trocha UC 105, que se planea convertir en carretera, ya ha afectado las cabeceras de varios ríos, amenazando su diversidad ecológica y cultural. Esta vía cruza cuerpos de agua más de 200 veces, impactando potencialmente 24 mil kilómetros cuadrados de cuencas hidrográficas. Esto representa una amenaza para una zona biodiversa que las comunidades buscan proteger, pues dependen de estas cuencas para su subsistencia. Es crucial que las autoridades consideren las propuestas de estas comunidades al planificar infraestructuras, para que el desarrollo no comprometa la riqueza natural y ancestral de la región.
La Comisión ha presentado evidencia sobre la importancia de los sitios sagrados, el agua y las concesiones forestales, mostrando que las áreas no reconocidas son más vulnerables que las protegidas por comunidades indígenas. Durante los diálogos, se destacó que la recuperación de territorios es prioritaria. El aumento de invasiones ilegales ha creado “comunidades fantasmas” y tráfico de tierras, amenazando a las comunidades indígenas y la biodiversidad. Se argumentó que la carretera no traerá desarrollo, sino que facilita actividades ilegales, siendo el objetivo real la extracción de madera, lo cual ha llevado a la deforestación de más de 4,000 hectáreas entre 2016 y 2023, según un informe de la Universidad de Richmond de Estados Unidos.
Las comunidades demandan participación activa en la gestión de sus territorios, manifestándolo ante entidades como el Ministerio del Ambiente y Cultura. La Comisión informó que tras la pandemia ha aumentado el tránsito de mochileros y las amenazas en la frontera, incluyendo violencia y narcotráfico. La falta de atención estatal y la impunidad empeoran la situación, dejando a los defensores en alta vulnerabilidad. La Comisión busca dialogar con el Estado para proponer estrategias que mejoren la seguridad de los pueblos indígenas y prevenir muertes, recordando el caso de Saweto en 2014. María Elena Paredes, lideresa Asheninka, enfatiza: “Si estamos aquí, es por un objetivo, y para lograrlo no debería morir un indígena más”.
La comisión está preocupada por el impacto de la carretera en las Reservas indígenas Muruhuana, ya que afecta a pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. También han alertado sobre la extracción irracional de aceite de copaiba, que podría llevar a su extinción. Francisco Piyãko, líder asháninka y presidente de la OPIRJ, enfatiza la necesidad de un desarrollo sostenible, protegiendo la zona a través del diálogo y alianzas, y mejorando la protección del territorio. Además, busca abordar problemas fronterizos y reclamar derechos, promoviendo la justicia ambiental.
De este modo, por primera vez, trece pueblos originarios fronterizos han presentado una agenda común, respaldada por informes técnicos detallados y propuestas sostenibles, dirigidas a las autoridades de Perú y Brasil.
