El especialista José Arturo Matos advierte que la digitalización de las ventas y el uso de nuevas tecnologías exponen a las empresas a riesgos penales si no actualizan sus sistemas de control.
En una economía cada vez más virtual, los riesgos de lavado de activos han dejado de ser exclusivos de las grandes corporaciones. Con el auge de las billeteras digitales y transacciones inmediatas, muchas empresas peruanas están quedando expuestas a investigaciones penales por no validar el origen de sus ingresos.
Para el abogado penalista José Arturo Matos, especialista en compliance, el error más crítico es creer que la digitalización exime al negocio de controles estrictos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Matos advierte que la responsabilidad penal empresarial, bajo la Ley N.° 30424, puede derivar en multas millonarias o el cierre del negocio, incluso si el delito fue por omisión. El especialista identifica cuatro fallas comunes:
- No verificar la identidad real de clientes en ventas online: Aceptar pagos de personas que no coinciden con quien recibe el producto o servicio puede ocultar transacciones de procedencia ilícita.
- Ignorar pagos sospechosos o “por partes”: Recibir múltiples depósitos pequeños en un solo día para cubrir un monto grande es una táctica común para mover dinero sucio sin prender alarmas bancarias.
- Mezclar cuentas personales con las del negocio: Usar la misma tarjeta o cuenta para gastos del hogar y de la empresa impide demostrar con claridad el origen legal del dinero ante una auditoría fiscal.
- Usar manuales de prevención obsoletos: Confiar en reglas antiguas que no contemplan los fraudes electrónicos actuales deja a la empresa ciega ante las nuevas modalidades de lavado de dinero.
Finalmente, José Arturo Matos enfatiza que el compliance o sistema de cumplimiento, no debe verse como un gasto innecesario, sino como el seguro de vida de cualquier inversión en las empresas, actualmente.
“En un año de alta fiscalización digital, prevenir es mucho más barato que enfrentar un proceso penal. La diferencia entre una empresa que escala y una que desaparece bajo una investigación fiscal es su capacidad de demostrar con quién hace negocios”, concluye Matos, quien hoy asesora a ejecutivos para mitigar estos riesgos en el nuevo escenario laboral y tecnológico del país.
